Virginia Alarcia, presidente de la Asociación Argentina de Liquidadores y Peritos de Seguros (AALPS), pone el foco en la cooperación entre Productores Asesores y liquidadores como pieza clave para agilizar la liquidación de siniestros. En esta columna, la especialista repasa el rol de la profesión, los plazos que impone la Ley de Seguros y los desafíos que enfrenta el mercado.
En el universo de los seguros de daños, el siniestro es el momento de la verdad: representa la realización efectiva del riesgo previsto en el contrato y activa la obligación de la aseguradora de cumplir con su prestación. El riesgo pasa de ser una simple expectativa a convertirse en un hecho concreto en el mundo real, generando daños que afectan directamente el patrimonio del asegurado y haciendo nacer el derecho a recibir una indemnización establecida en dicho contrato.
Ante esto, la rapidez en la respuesta es fundamental. Una vez ocurrido el evento, el asegurado debe comunicarlo formalmente a la aseguradora bajo los lineamientos del Artículo 46 de la Ley de Seguros. Aunque la normativa otorga un plazo de tres días desde que se conoce el suceso, la inmediatez en la denuncia es una práctica saludable que beneficia y protege a todas las partes involucradas. Por esta razón, una gestión aseguradora diligente exige la designación inmediata de un liquidador para iniciar las tareas del mandato sin demoras.
El mismo Artículo 46 obliga al asegurado a facilitar toda la información necesaria para verificar el siniestro, determinar la extensión de la cobertura y permitir las indagaciones pertinentes. En la práctica de nuestro mercado, todo el proceso cronológico que va desde la denuncia inicial hasta el pago final de la indemnización se agrupa bajo el concepto de lo que llamamos liquidación del siniestro, una tarea ejecutada casi en su totalidad por el liquidador designado.
Paso a paso
Antes de ingresar a la etapa de ajuste y acuerdo sobre los montos, existe un paso crucial: comprobar la exactitud de la denuncia y determinar si el reclamo es jurídicamente procedente. Esto requiere establecer con precisión si el evento es verosímil, dudoso o equívoco, descartando cualquier indicio de irregularidad o fraude, y verificando si encuadra estrictamente en las garantías de la póliza, o sea que se encuentre contenida la cobertura en el siniestro denunciado por el asegurado.
“La inmediatez en la denuncia es una práctica saludable que beneficia y protege a todas las partes involucradas”
Por lo tanto, la primera fase de la liquidación es en realidad una indagación preliminar con características y duración imprevisibles que dependen de lo que los propios hechos vayan revelando. Analizar la documentación o verificar el daño en esta instancia no implica que la aseguradora ya esté aceptando la responsabilidad del siniestro; es una auditoría técnica necesaria e imprescindible.
El modelo argentino: eficiencia unificada
A diferencia de ciertos mercados internacionales donde existe una división tajante entre quienes investigan el siniestro (investigators) y quienes ajustan la indemnización (adjusters), en Argentina ambas funciones se unifican en una operación integral, al menos es lo esperado desde que existe la profesión del liquidador en la actividad de seguros. El liquidador local es un profesional todoterreno, experto tanto en la ciencia de la investigación como en las técnicas de comprobación y valuación de daños y análisis técnico de las cláusulas y coberturas contratadas.
“El liquidador local es un profesional todoterreno, experto tanto en la ciencia de la investigación como en las técnicas de comprobación y valuación de daños”
Este estándar de especialización está respaldado históricamente por la Asociación Argentina de Liquidadores y Peritos de Seguros (AALPS) —fundada en 1937—, cuyos integrantes y socios, como estudios miembros de la institución cuentan con los recursos técnicos y humanos idóneos para resolver reclamos de alta complejidad.
El Liquidador de Siniestros es un profesional independiente y experto, designado por el asegurador para reunir de manera objetiva la información que fundamente la procedencia y la extensión de la prestación bajo los términos del contrato de seguro.
Sus funciones principales se agrupan en cuatro pilares esenciales:
- Investigación profunda: Determinar fehacientemente (o de forma presunta) las causas y antecedentes reales del siniestro.
- Análisis técnico-contractual: Validar las condiciones de la cobertura frente a las causas del hecho.
- Apreciación económica: Estimar los daños reales y evaluar los valores en riesgo amparados por la póliza.
- Fijación de la indemnización: Establecer el monto final de la prestación debida, cruzando de forma armónica los hechos, los daños y los plazos contractuales y legales.
Esta centralización de funciones en el liquidador responde a una necesidad concreta del mercado actual y no a una mera costumbre. Dado el enorme impacto económico y social del seguro para la sociedad, la indemnización resultante debe ser rápida y suficiente. Este objetivo estratégico depende directamente de la diligencia del liquidador para emitir un informe final certero que fundamente el pago o, en su defecto, las razones de la improcedencia del reclamo.
Desafíos críticos: cooperación y entorno económico
La velocidad del trámite se ve fuertemente influenciada por la conducta del asegurado, apoyado y con ayuda de su Productor Asesor, eslabón tan importante de esta cadena de valor, quien puede colaborar de forma eficaz para acelerar el proceso o, por el contrario, dilatar el cumplimiento de sus cargas retrasando la liquidación. Los avances tecnológicos, la informática y herramientas como la IA, hoy instaladas en nuestra actividad, colaboran con acelerar aún más los procesos necesarios para comprobar y valuar correctamente los daños para concretar la liquidación del siniestro.
“Designar al liquidador inmediatamente después de la denuncia optimiza la investigación y ayuda a resolver el reclamo dentro del plazo legal”
Aunque el Artículo 46 (párrafo 3) habilita a requerir pruebas instrumentales razonables, los límites de esa «razonabilidad» a veces resultan difusos, y la jurisprudencia suele inclinarse a favor del asegurado aceptando la preexistencia de bienes aun cuando es difícil de demostrar contablemente. Si el asegurado se retrasa en entregar información o permitir las indagaciones (Art. 46, párrafo 2), pierde el derecho a exigir adelantos o pagos a cuenta (Art. 51). Por otro lado, el Artículo 48 penaliza con la pérdida del derecho a indemnización el incumplimiento malicioso o la exageración fraudulenta de los daños. Sin embargo, cuando no se puede probar de manera irrefutable el fraude, las exageraciones y demoras entorpecen la liquidación y conspiran contra un pronto resarcimiento.
La carrera contra el reloj y los plazos legales
En la práctica, revisar expedientes judiciales o policiales dentro del estricto plazo de 30 días que fija el Artículo 56 para que la aseguradora acepte o rechace el derecho del asegurado suele ser imposible. Por ello, el liquidador debe llevar adelante una investigación paralela inmediata para llegar a conclusiones certeras dentro de ese lapso. Separar la investigación del ajuste, como sugieren algunos juristas, resulta inviable si se quieren respetar los tiempos legales.
Muchos siniestros derivan de hechos tipificados como delitos o cuasi-delitos bajo la órbita oficial. Ante las falencias materiales y las normativas procesales desactualizadas de la justicia tradicional, esperar las conclusiones de las autoridades destruiría la eficiencia y la imagen de la aseguradora, además de violar los plazos de la Ley de Seguros. El Artículo 56 exige celeridad; el Artículo 46 demanda rapidez al pedir pruebas; y el Artículo 77 impide al asegurado remover las cosas dañadas a menos que la aseguradora actúe sin demora.
“El Productor Asesor es un eslabón clave de esta cadena de valor y puede colaborar de forma eficaz para acelerar el proceso”
Designar al liquidador inmediatamente después de la denuncia —previa verificación de que no existan causales obvias de exclusión— optimiza la investigación y ayuda a resolver el reclamo dentro del plazo legal. Cualquier retraso altera las evidencias y las existencias de forma irreversible por el mero paso del tiempo, invalidando quejas posteriores sobre la tardanza.
Hacia el futuro
Los liquidadores actúan como auxiliares expertos de las compañías gracias a su formación y práctica continua. Su sagacidad define el destino del siniestro, aportando equidad y buena fe a la relación aseguradora.
Los intentos de lograr un Estatuto Profesional fracasaron por indiferencia o vaivenes parlamentarios. Hoy, en un contexto más estable, la desregulación surge como una vía alineada con la libertad económica global.
Pero esa libertad exige un marco sólido. La matrícula de la SSN garantiza la idoneidad y probidad frente a asegurados, aseguradoras y organismos de control: un paso clave para prestigiar una labor que la AALPS honra desde hace 89 años.