El seguro ya no solo indemniza pérdidas: también puede anticipar riesgos, destrabar inversiones y volver financiables proyectos vinculados con energía, minería, infraestructura y transición climática. Jaime Lezama, consultor especializado en riesgo climático y resiliencia, analiza cómo la industria aseguradora puede convertirse en un actor estratégico para el desarrollo productivo de América Latina, mientras la región enfrenta una brecha de protección creciente y la amenaza de eventos climáticos cada vez más severos.
Por Jaime Lezama.- *
Durante mucho tiempo, la industria aseguradora contó su historia principalmente a través de su función reparadora: se paga una prima, ocurre un siniestro y el seguro indemniza. Esa función sigue siendo esencial, pero ya no alcanza para describir su papel frente a la transformación productiva y climática de la región. El nuevo paradigma consiste en pasar de una lógica centrada exclusivamente en indemnizar daños a otra más amplia: anticipar el riesgo, contribuir a reducirlo y habilitar inversión. El seguro no solo protege una actividad económica una vez que existe: en muchos casos, permite que llegue a existir.
Ese rol se despliega en dos direcciones. La primera es reducir la incertidumbre financiera de una inversión lo suficiente como para volverla viable —el de-risking—. La segunda es transferir los riesgos nuevos que el cambio climático introduce en operaciones y cadenas de suministro existentes: la sequía que interrumpe una cadena agroindustrial, la ola de calor que reduce el rendimiento de una planta o el aluvión que corta una ruta logística. Juntas explican por qué la región necesita repensar su relación con el seguro.
La región vive actualmente dos historias simultáneas. Por un lado, atraviesa una ola de inversión productiva en energía, minería y transición energética. Por otro, se prepara para un clima cambiante, sobre una estructura de protección que no fue diseñada para un riesgo de esta severidad. El seguro es el hilo que las atraviesa: puede hacer posible la primera y está peligrosamente ausente de la segunda.
El seguro como motor de la transición
Empecemos por la escala del problema. Según estimaciones del BID, América Latina y el Caribe necesita movilizar entre USD 215.000 y 284.000 millones por año hasta 2030 —entre 3,7% y 4,9% del PBI regional— para cumplir sus compromisos climáticos. Ese diferencial no se cierra solamente con más deuda o más subsidio público: requiere movilizar capital privado y estructurar proyectos cuyos riesgos sean comprensibles, gestionables y transferibles. La capacidad del mercado asegurador de acompañar esas inversiones será una parte importante de esa ecuación.
“El seguro no solo protege una actividad económica una vez que existe: en muchos casos, permite que llegue a existir”
¿Por qué el seguro puede ser condición y no consecuencia de estas inversiones? Porque financiadores y directorios necesitan mecanismos creíbles para tratar los riesgos que podrían comprometerlos. Así ocurre, por ejemplo, en el ‘project finance’ de un proyecto de combustibles sintéticos regional. La tecnología central no tiene todavía suficiente historial de operación a la escala requerida, y ese vacío de información es uno de los problemas a resolver para hacer viable la inversión. La respuesta no pasa solamente por un seguro tradicional de daños materiales, sino por una cobertura estructurada capaz de responder si el rendimiento tecnológico cae por debajo de un umbral acordado. El seguro no se limita a proteger un activo ya construido: contribuye a habilitar su construcción, y el resto del programa termina organizándose alrededor de ese riesgo central.
Ese mismo patrón se repite en toda la región. Argentina lo ilustra con particular claridad: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ha despertado una cartera significativa de proyectos en minería, energía e infraestructura. Vaca Muerta, los salares de litio del norte y los yacimientos de cobre de San Juan concentran buena parte de ese interés. Cada uno de esos desarrollos —gasoductos, plantas de licuefacción, minas en zonas de alta cordillera— plantea un problema de asegurabilidad en lugares donde antes no existían activos de este valor, y donde el riesgo climático empieza a pesar tanto como el de construcción o contraparte. La velocidad a la que el país logre desplegar ese capital dependerá también de la capacidad de estructurar soluciones a la altura de esos riesgos.
Por eso la conversación sobre asegurabilidad no debería empezar recién cuando el proyecto ya está diseñado y solo resta cotizar las pólizas. Cuando el riesgo climático se incorpora desde las primeras etapas, deja de ser un tema exclusivamente asegurador y pasa a la agenda del directorio —localización, diseño, financiamiento, estrategia de crecimiento—. Para la industria aseguradora, esto cambia el punto de entrada al cliente: el productor participa mientras el riesgo todavía puede comprenderse y reducirse, no solo cuando ya hay un programa terminado para cotizar.
Si hablamos del transporte, la electrificación exige adaptar productos a riesgos como la degradación de baterías o la infraestructura de carga. En el caso de los mercados de carbono, la viabilidad depende de un mecanismo similar: el riesgo no es siempre climático en sentido estricto, sino de integridad del activo —que el proyecto no entregue los volúmenes de créditos comprometidos o que una falla de verificación invalide créditos ya emitidos—. Una cobertura adecuada puede aumentar la confianza del comprador y facilitar la movilización de capital: el seguro no vende el crédito de carbono, pero contribuye a convertirlo en un activo financiable. En síntesis, cada vez que aparece una clase de activo nueva —hidrógeno, litio, crédito de carbono, batería— aparece también un problema de asegurabilidad, y quien ayuda a resolverlo entra en la conversación estratégica desde el inicio.
La otra cara: el fenómeno climático que se acerca
Mientras la región invierte en la transición, el clima se prepara para poner a prueba la resiliencia de todo lo que no está cubierto por ese entusiasmo inversor. Los organismos meteorológicos internacionales dan hoy una probabilidad cercana al 90% de que un episodio de El Niño se instale antes de fin de año, con chances de que alcance una intensidad excepcional —comparable a los eventos más fuertes registrados desde 1950— hacia el verano austral de 2027.
“Cada vez que aparece una clase de activo nueva, aparece también un problema de asegurabilidad”
En buena parte de la región, la oferta de seguros sigue concentrada en riesgos tradicionales y bien conocidos —incendio, granizo, daños puntuales—, mientras las coberturas capaces de responder ante sequía, exceso de lluvia o inundación mantienen una participación marginal, cuando no inexistente. Existe, en el fondo, una brecha de protección que nace de la falta de adecuación de los productos tradicionales a riesgos cada vez más sistémicos.
Una brecha que se repite en cada escala
El fenómeno que se aproxima no es un caso aislado ni un problema exclusivo del agro. La misma falla se repite, a otra escala, cada vez que una industria expuesta subestima el costo de no cuantificar correctamente su riesgo. En el sector minero, un estudio de la Universidad de Chile que analizó 53 eventos climáticos entre 2001 y 2022 advierte que, en los escenarios más severos, el clima podría interrumpir una proporción significativa de la producción nacional de cobre. Lo mismo ocurre en energía, donde la disponibilidad de agua condiciona la generación hidroeléctrica o donde una ola de calor puede forzar el corte de una línea de transmisión. La lección es la misma en todos los casos: gestionar el riesgo climático exige cuantificarlo y, muchas veces, transferirlo con soluciones a medida.
“La lección es la misma en todos los casos: gestionar el riesgo climático exige cuantificarlo y, muchas veces, transferirlo con soluciones a medida”
La problemática también afecta la gestión del riesgo de desastres. Tradicionalmente, se ha estructurado en capas: primero retención presupuestal para eventos frecuentes; luego crédito contingente para eventos de impacto medio; y finalmente transferencia de riesgo —seguro paramétrico, reaseguro, bonos de catástrofe— para eventos raros y severos. La última capa, de transferencia de riesgo, muy subutilizada hasta ahora en la región, está tomando cada vez más relevancia en la medida en que el cambio climático aumenta la frecuencia y severidad de los eventos más extremos. Lo que antes era un evento de 100 años de período de retorno va camino a convertirse en un evento con una probabilidad de ocurrencia significativamente mayor. Uruguay, por ejemplo, con uno de los mejores perfiles fiscales de la región, ilustra el punto: fortaleció su segunda capa con cientos de millones en crédito contingente climático del BID y la CAF, pero la capa de transferencia de riesgo está prácticamente vacía.
Lo que esto significa para el productor de seguros
Estas dos historias —la del capital que busca viabilizar inversiones en tecnologías y operaciones nuevas, y la del clima que ya pone a prueba comunidades, operaciones y cadenas de suministro— no son dos temas distintos. Son la misma función del seguro, vista desde sus dos extremos: la de proteger lo que ya existe, adaptándolo cuando el riesgo cambia de naturaleza, y la de habilitar lo que todavía no existe, diseñando la cobertura que lo hace posible.
Para el productor de seguros, este paradigma abre una puerta legítima hacia la alta dirección del cliente: el riesgo climático conecta el seguro con decisiones de inversión y financiamiento, y permite sostener esa conversación mucho antes de discutir una póliza. Empieza con un cambio de pregunta: deja de ser solamente “¿qué cobertura necesita este cliente?” y pasa a ser “¿qué riesgo puede impedirle invertir, operar o recuperarse, y cómo podemos tratarlo?”. Esto no exige que el productor se convierta en climatólogo o ingeniero: exige reconocer cuándo una exposición necesita mirada especializada y saber articular las capacidades técnicas y de reaseguro necesarias. Su ventaja sigue siendo el conocimiento del cliente —cómo genera valor, dónde se concentran sus dependencias— llevado ahora a una conversación de mayor nivel.
Es importante remarcar que el riesgo climático como riesgo emergente no se gestiona de forma aislada. Al afectar transversalmente al perfil de riesgo del cliente en su totalidad, la modelización del riesgo climático alimenta la recalibración de las líneas tradicionales: un seguro de Directivos y Administradores puede necesitar revisión si el directorio no gestiona ni divulga adecuadamente riesgos materiales, los límites patrimoniales pueden estar desactualizados si la probabilidad de un evento extremo cambió desde la suscripción, e incluso Salud y Beneficios puede verse afectada cuando una ola de calor prolongada eleva el ausentismo. La gestión del riesgo climático no termina, por lo tanto, en la decisión de sumar un seguro: es un insumo que debería revisar, línea por línea, el programa que el cliente ya tiene.
“El desafío no es elegir un producto milagroso: es construir una oferta coherente con la exposición real”
La conveniencia de un cambio de producto, en cambio, es genuinamente nuevo —y conviene decirlo con honestidad: no hay una solución mágica única para esta brecha—. El seguro paramétrico, que responde a un parámetro objetivo como milímetros de lluvia, grados Celsius de temperatura, o km/h de viento, en lugar de ajustar cada pérdida individual, puede aportar liquidez rápida y cubrir capas que una póliza tradicional no alcanza a ver. Pero tiene un límite conocido: el parámetro y la pérdida real no siempre coinciden del todo. Por sí solo, no cierra una brecha de este tamaño; hace falta más capacidad de reaseguro, mejores datos de suscripción y estructuras híbridas que combinen cobertura tradicional, capas paramétricas y retención. El desafío no es elegir un producto milagroso: es construir una oferta coherente con la exposición real.
El cambio más profundo, sin embargo, es de rol. Es un rol que no se construye a base de precio ni esperando el próximo vencimiento, sino llegando antes: antes de que el cliente decida dónde invertir y cuánta volatilidad puede absorber, pero también antes de que un evento climático deje en evidencia que el programa vigente ya no protege lo que debería. Ahí —tanto en la mesa de inversión como en la revisión de lo que el cliente ya tiene asegurado— es donde el riesgo climático abre la puerta a una conversación con la alta dirección, y donde la asesoría y la transferencia de riesgo terminan apoyándose en una comprensión más profunda del negocio.
Este nuevo paradigma no es, por lo tanto, un nicho separado del seguro ni una agenda reservada a especialistas: es un nuevo marco para comprender el riesgo, y una oportunidad para que la industria ocupe un lugar más relevante en las decisiones económicas de la región. El seguro seguirá pagando siniestros —esa función no cambia—. Lo que cambia es todo lo que puede hacer antes de que el siniestro ocurra, e incluso antes de que la inversión exista, para volver más resilientes a empresas, infraestructuras y comunidades.
Nota:
* Jaime Lezama es consultor especializado en riesgo climático y resiliencia con más de una década de experiencia en América Latina. Lideró el desarrollo de las prácticas regionales de Climate & Resilience de WTW y Howden. Actualmente, asesora a empresas e instituciones en la cuantificación y gestión estratégica de riesgos climáticos.