Zottos presente en firma de importante convenio que pone foco en la lucha contra el fraude y los delitos económicos

FAPASA

El Ministerio Público Fiscal bonaerense y ADEAA firmaron acuerdos de cooperación, capacitación e intercambio tecnológico con el objetivo de mejorar las investigaciones judiciales y la prevención del delito. La presencia del dirigente de FAPASA en el encuentro marcó el respaldo del canal de Productores Asesores de Seguros al avance institucional contra los ilícitos en el sector.

En el marco del evento organizado por la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), la participación de Jorge L. Zottos —secretario de FAPASA y presidente del Ente Cooperador Ley 22.400— aportó una señal clara de acompañamiento institucional a las iniciativas que buscan ordenar y transparentar el funcionamiento del mercado asegurador, en particular el combate al fraude, que exige una estrategia integral y coordinada.

El encuentro tuvo como eje la firma de acuerdos entre ADEAA y el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, con la presencia de sus máximas autoridades: Aldo Álvarez, presidente de la cámara empresaria, y el Procurador General bonaerense, Julio Conte-Grand. 

Ambos suscribieron tres convenios que marcan, a su juicio, «un punto de inflexión en la relación entre el sector asegurador y el sistema judicial». Se trata de un acuerdo marco de colaboración institucional, un convenio específico de capacitación y otro de cooperación tecnológica.

El objetivo es establecer un ámbito permanente de trabajo conjunto que permita mejorar las investigaciones judiciales, fortalecer la prevención del delito y agilizar los procesos mediante herramientas tecnológicas. La iniciativa incluye intercambio de información, desarrollo de sistemas digitales y programas de formación continua para equipos técnicos de ambas instituciones.

El fraude, según distintas estimaciones, impacta entre un 15% y un 20% en el costo de las primas. Un tercio de los siniestros presenta sospechas, con una fuerte concentración en automotores y en el área metropolitana de Buenos Aires. En ese contexto, la articulación con el Ministerio Público no sólo aporta capacidad investigativa, sino también legitimidad institucional.

Pero hay un actor que no puede quedar al margen: el Productor Asesor de Seguros. En la práctica cotidiana, el PAS es muchas veces el primer filtro frente a maniobras fraudulentas. Su cercanía con el cliente, su conocimiento del riesgo y su rol en la suscripción lo convierten en una pieza clave del sistema de prevención.

La presencia de Zottos en este escenario refuerza precisamente ese punto. No se trata sólo de acuerdos entre instituciones, sino de integrar a toda la cadena de valor en una estrategia común. El combate al fraude no puede limitarse a la etapa judicial: comienza mucho antes, en la detección temprana, en la capacitación y en la construcción de una cultura de la transparencia.

Los 3 convenios firmados entre ambas partes

Convenio Marco de Colaboración:

Su objetivo es crear un ámbito institucional permanente de cooperación entre ambas organizaciones, promoviendo el intercambio de información y conocimientos, el desarrollo de acciones conjuntas, la realización de reuniones periódicas de trabajo y la coordinación de iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad pública, el acceso a la justicia y la optimización de los servicios que ambas instituciones brindan a la sociedad. 

Convenio de Capacitación:

Prevé la organización conjunta de programas de formación continua, jornadas y cursos destinados a fortalecer las capacidades técnicas de los equipos de ambas instituciones. Mientras el Ministerio Público aportará especialistas y profesionales para el dictado de las actividades, ADEAA colaborará con la organización, logística y recursos necesarios para su realización.

Convenio de Cooperación Tecnológica:

Está destinado a desarrollar e implementar herramientas informáticas y soluciones digitales que faciliten el intercambio seguro y eficiente de información entre el Ministerio Público y el sector asegurador, apuntando a agilizar los procesos de investigación penal y optimizar los recursos disponibles mediante la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de comunicación.