La flamante presidente de la entidad, la Dra. Graciela Testón, dialogó con Asegurando Digital sobre los ejes de su gestión y el debate sobre la reforma de las leyes de seguros. Además, comparte las conclusiones del XX Congreso Nacional e Internacional de Derecho de Seguros, que puso el foco en la transparencia, el lenguaje claro, el cambio climático y la prevención.
Durante el XX Congreso Nacional e Internacional de Derecho de Seguros, coorganizado por AIDA Argentina y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, realizado del 3 al 5 de junio de 2026, en Bahía Blanca, la Dra. Graciela Testón fue elegida como presidente de AIDA Argentina, la rama local de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros.
Testón toma la posta del presidente saliente, el Dr. Martín Zapiola Guerrico.
En una profunda charla con Asegurando Digital, la especialista repasa el recambio generacional de la institución, los desafíos jurídicos del mercado y los principales lineamientos del mencionado evento.
Tras asumir recientemente la presidencia de AIDA Argentina en un contexto de debate sobre diversas reformas, ¿cuáles serán los ejes centrales de la gestión de esta nueva comisión directiva?
El eje principal es la incorporación de los profesionales jóvenes para ir conformando un recambio generacional de aquellos estudiosos del derecho de seguros. El propósito fundamental de nuestra organización no es otro que difundir y profundizar el estudio de esta materia. Este proceso coincide con una transformación general del mercado y de todas sus prácticas, pero en lo que respecta específicamente al seguro, el cambio está orientado a lograr una mayor cercanía con la comunidad. Buscamos que la ciudadanía comprenda el funcionamiento del seguro y, de este modo, coadyuvar en la construcción de una verdadera conciencia aseguradora.
Asimismo, nos enfrentamos a las novedades que introduce la inteligencia artificial y a los cambios globales en lo que se denomina «conducta de mercado». Esto refiere al modo en que las empresas y todos los operadores del sector —aseguradoras, reaseguradoras, liquidadores y el propio organismo de control— transparentan su actividad. El objetivo es que el mercado transite por una senda de buena conducta, transparencia y, por supuesto, bajo regímenes de sólida solvencia para dar una respuesta eficiente a la sociedad y cumplir con el fin social del seguro.
“Buscamos que la ciudadanía comprenda el funcionamiento del seguro y, de este modo, coadyuvar en la construcción de una verdadera conciencia aseguradora”
El desafío más grande consiste en atraer a la juventud para seguir estudiando y difundiendo el derecho de seguros en el marco de un mundo muy cambiante, atravesado por la inteligencia artificial, las innovaciones tecnológicas y las exigencias climáticas. Trabajaremos fuertemente para consolidar un mercado sostenible y solvente, promoviendo un buen gobierno corporativo y la transparencia institucional.
Frente al escenario actual, ¿cuáles son los desafíos jurídicos más urgentes que afronta el mercado asegurador?
Actualmente existe un proyecto de reforma que abarca a todas las normas que regulan nuestra actividad: la Ley de Contrato de Seguro (Nº 17.418), la Ley de Entidades de Seguros y su Control (Nº 20.091) y la Ley de la Actividad de los Productores Asesores de Seguros (Nº 22.400). Si bien el proyecto ha sido invocado formalmente, aún no lo conocemos en profundidad porque no ha sido compartido con todos los operadores del mercado. El verdadero dilema técnico radica en definir si estas tres leyes necesitan una reforma radical o si, por el contrario, solo requieren ajustes y actualizaciones derivados del paso del tiempo, considerando que nuestra ley de fondo data del año 1967.
Más allá de esta discusión, el desafío es aggiornar la normativa al contexto moderno, especialmente en lo relativo a los nuevos productos y a la implementación del lenguaje claro, que representa una deuda pendiente del sector asegurador. La claridad en los textos es fundamental para llegar de forma efectiva a la comunidad y evitar conflictos judiciales que podrían prevenirse mediante una exposición transparente de las cláusulas y exclusiones en las pólizas.
Otro aspecto crítico que debe corregirse es a alta litigiosidad. Este fenómeno es muy evidente en el ramo de riesgos del trabajo, pero también afecta desde hace años a los seguros patrimoniales, tornando el análisis técnico del negocio cada vez más complejo y ajustado. El seguro se fundamenta en la estadística, las probabilidades y la experiencia; cuando la litigiosidad desborda estas variables, la estimación técnica se vuelve sumamente difícil y adversa.
“El desafío más grande consiste en atraer a la juventud para seguir estudiando y difundiendo el derecho de seguros en el marco de un mundo muy cambiante”
La consecuencia directa de este escenario es que en los ramos patrimoniales más del 40% de los recursos que abona el mercado no llega a la víctima del siniestro, sino que se consume en los costos del sistema judicial, tales como honorarios de los letrados de la actora, peritos, mediadores y diversos gastos del proceso.
En síntesis, los desafíos jurídicos prioritarios son contener la litigiosidad, simplificar los textos de las pólizas y seguir de cerca los proyectos de reforma legislativa. Respecto a las propuestas de desregulación absoluta que resuenan en el debate público, considero que no es necesario derogar las leyes vigentes. Nuestras normas actuales ya contemplan principios fundamentales como el in dubio pro asegurado, la protección del consumidor, el deber de información y la penalización de las cláusulas abusivas. Por lo tanto, el camino idóneo es introducir modificaciones y adaptaciones específicas, pero de ninguna manera realizar un borrón y cuenta nueva.
En relación con el reciente Congreso Nacional de la institución, ¿qué balance realiza de las jornadas de debate?
El balance es sumamente positivo. El encuentro se desarrolló bajo el lema «Resiliencia, prevención y transparencia ante un mundo cambiante» y consistió en dos jornadas y media de intensa actividad académica. Además de las conferencias magistrales dictadas por prestigiosos juristas, se organizaron paneles especializados que abordaron la encrucijada entre regulación y desregulación, la prevención del fraude, la transparencia en los contratos y la gestión de los riesgos climáticos.
Contamos con la participación de destacados especialistas internacionales y de reconocidos magistrados y académicos locales, como los doctores, Hugo Acciarri, Matías Irigoyen Testa y Pamela Tolosa, todos ellos vinculados a la Universidad Nacional del Sur, institución que coorganizó el evento. Contamos con la disertación de los Dres. Federico Ossola y Daniel Vitolo; también con un panel que abordó la problemática de los Riesgos climáticos integrada por los Dres. Luis Sandoval, Yves Hayaux du Tilly y el ing. Tomás Fourcade. Sumado a ello una disertación del Dr. Gonzalo Vazquez sobre IA y Seguros. Asimismo, las conferencias de apertura y clausura estuvieron a cargo del Dr. Hugo Acciarri y de la Dra. Aída Kemelmajer, respectivamente.
Más allá de los paneles centrales, el corazón del Congreso estuvo en sus cinco comisiones de trabajo, donde se presentaron y debatieron 74 ponencias que cubrieron las áreas de Contrato de Seguro, Responsabilidad Civil, Innovación y Nuevas Tecnologías, Supervisión y Reaseguros, y Seguros de Personas y Riesgos del Trabajo. Esta dinámica permitió que todas las especialidades estuvieran representadas. Los trabajos presentados serán publicados formalmente entre los meses de junio y julio a través de la editorial jurídica IJ Editores.
Un momento destacado del encuentro fue la entrega del Premio AIDA a la Innovación, destinado a las categorías de profesionales y estudiantes. Este certamen contó con un jurado de excelencia integrado por los doctores Kemelmajer, David Mielnik, Federico Ossola, Carlos Facal y Daniel Vítolo. El Congreso logró convocar a casi 240 asistentes en la ciudad de Bahía Blanca.
“Los desafíos jurídicos prioritarios son contener la litigiosidad, simplificar los textos de las pólizas y seguir de cerca los proyectos de reforma legislativa”
La elección de esta sede académica respondió a dos razones institucionales. Por un lado, el enorme prestigio de la Universidad Nacional del Sur, que cuenta con equipos de investigación de vanguardia especializados en el análisis económico del derecho y dicta una diplomatura específica en la materia. Por el otro, la relevancia de debatir sobre resiliencia y riesgos climáticos en una localidad que sufrió las severas consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos durante los últimos años.
Durante el encuentro se coordinó un panel específico sobre inundaciones y riesgos climáticos. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de esa mesa de debate?
En términos de respuesta operativa ante las recientes catástrofes climáticas, la síntesis es que el mercado asegurador reaccionó con celeridad, cumplió con sus obligaciones y liquidó los siniestros con rapidez, sin generar focos de conflicto con los asegurados. Esa es la respuesta positiva del sector. Sin embargo, la contra estructura del problema reveló una realidad compleja: un porcentaje mayoritario de la comunidad afectada carecía de coberturas específicas.
Si bien existía un alto índice de aseguramiento en los cascos de los automotores —lo que permitió indemnizar una gran cantidad de destrucciones totales—, la mayoría de los inmuebles residenciales y comerciales no contaban con la cobertura opcional para el riesgo de inundación.
Esta situación nos deja una clara enseñanza de doble vía: por el lado de la oferta, el mercado debe mejorar el diseño y la accesibilidad de sus productos; por el lado de la demanda, es urgente elevar el nivel de conciencia aseguradora de la población. La sociedad debe comprender la importancia de contratar coberturas que resguarden integralmente su patrimonio frente a eventos extraordinarios, y no limitarse únicamente a los seguros de carácter obligatorio.
A partir de lo debatido en el Congreso, ¿qué relevancia estratégica adquiere hoy la adopción del lenguaje claro en la redacción de los contratos de seguros?
La adopción del lenguaje claro es un factor de importancia vertebral. Es el único mecanismo eficiente para acercar el sector a la comunidad y garantizar que los ciudadanos comprendan el alcance real de los servicios que contratan. Si el mercado expone de manera accesible su oferta, el asegurado —que en la mayoría de los casos asume el rol jurídico de consumidor— podrá discernir con precisión qué producto se adecua a sus necesidades patrimoniales.
“La sociedad debe comprender la importancia de contratar coberturas que resguarden integralmente su patrimonio frente a eventos extraordinarios”
La transparencia contractual exige explicitar con absoluta nitidez qué riesgos se asumen y cuáles quedan excluidos de la cobertura, dando cumplimiento efectivo al deber legal de información que impone el derecho moderno. A este principio técnico me gusta añadir el concepto de «deber de advertencia»: la organización debe ser lo suficientemente clara para señalar al cliente, desde el primer día de vigencia de la póliza, cuáles son los límites de la protección contratada.
Para concluir el repaso de la agenda institucional, ¿cuáles serán los próximos pasos de AIDA tras el cierre de este encuentro nacional?
Los congresos nacionales e internacionales de AIDA se celebran cada dos años. No obstante, el objetivo inmediato para este período es consolidar la participación activa de los profesionales jóvenes dentro de la vida cotidiana de la institución. No buscamos que su intervención se limite a la presentación periódica de ponencias en los congresos, sino que se incorporen de forma permanente a los diversos grupos de investigación y comisiones técnicas de AIDA para canalizar sus propuestas, enriquecer los debates actuales y mantener una agenda de trabajo constante durante todo el año.