Incentivos procesales a litigar, paternalismo judicial y falta de diálogo entre poderes del Estado alimentan una judicialización creciente que erosiona el sistema asegurador argentino. Aldo Álvarez, presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), analiza cómo el sistema judicial ataca las bases del seguro y qué desafíos enfrenta el sector para lograr previsibilidad.
La litigiosidad creciente, la falta de previsibilidad judicial y la persistencia de prácticas que distorsionan el funcionamiento del sistema se han convertido en uno de los principales desafíos para el mercado asegurador argentino. Lejos de ser un fenómeno aislado, la judicialización se consolidó como un factor estructural que erosiona la solvencia, encarece las primas y debilita el ahorro institucional.
Para Aldo Álvarez, presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), el problema excede ampliamente a las compañías de seguros. Se trata de una cuestión que involucra a todo el sistema económico: afecta la inversión, reduce la cobertura, desalienta la formalidad y compromete el desarrollo. “Sin reglas claras y sin previsibilidad jurídica, no hay contratos sostenibles”, suele advertir.
En esta entrevista, el ejecutivo analiza cómo la combinación de incentivos procesales, interpretaciones judiciales erráticas y déficits de diálogo institucional ha ido configurando un escenario de alta incertidumbre. También plantea los desafíos que enfrenta el sector para recuperar racionalidad, fortalecer la seguridad jurídica y consolidar al seguro como una herramienta central de protección, ahorro y crecimiento para el país.
¿Qué puede comentar sobre la imprevisibilidad de los fallos judiciales en causas donde se demanda a las aseguradoras y sobre las características que asumen esos fallos?
La judicialización en la Argentina tiene, al menos, dos dimensiones que se combinan y se potencian entre sí. Por un lado, existe un conjunto de incentivos procesales que, tal como hoy funcionan, estimulan la litigación sin costos reales para quien reclama. A eso se suma una serie de prácticas judiciales que, con el tiempo, se han ido naturalizando, aun cuando muchas veces se apartan del espíritu y de la letra de la ley.
Por otro lado, se observa un fuerte componente paternalista en una parte significativa del sistema judicial. Muchos magistrados asumen un rol que ellos mismos definen como “tuitivo”, orientado a proteger a una de las partes, a la que consideran más débil, aun cuando ello implique alterar el equilibrio contractual y desdibujar el principio de igualdad ante la ley.
El resultado de esta combinación es un escenario de alta imprevisibilidad. Los contratos se reinterpretan, las cláusulas se reescriben, los topes se relativizan y las reglas cambian según el caso y el tribunal interviniente. En ese contexto, el riesgo deja de ser calculable, y sin riesgo medible no puede haber seguro técnicamente sustentable
¿Por qué sostiene que ese sesgo judicial termina desnaturalizando los contratos de seguros?
Porque ese enfoque termina desconociendo cómo funciona realmente el sistema asegurador. En el contrato de seguro no hay una parte desprotegida frente a otra todopoderosa. Existe una relación regulada, con múltiples instancias de equilibrio, donde intervienen las compañías, los productores asesores, el órgano de control y un marco normativo específico.
Sin embargo, en muchos fallos se parte de la idea de que ese equilibrio no existe o no es suficiente. A partir de allí comienzan las reinterpretaciones contractuales, las declaraciones de nulidad de cláusulas, la reescritura de condiciones, la ampliación de coberturas no previstas y la relativización de franquicias y topes.
Estas “creaciones judiciales” no surgen de una falla estructural del contrato, sino de una mirada que privilegia soluciones coyunturales sin considerar sus efectos sistémicos. A eso se suma la concesión prácticamente automática del beneficio de litigar sin gastos y un esquema de honorarios y pericias que, en muchos casos, introduce incentivos económicos para expandir artificialmente los conflictos.
Cuando todo ese conjunto de factores se combina, el contrato deja de ser una referencia estable y pasa a ser una variable adaptable según el caso. Y sin contratos previsibles, el seguro pierde su función técnica básica: administrar riesgos de manera racional y sostenible.
¿Así se configura la llamada “industria del juicio”?
En algunos fueros es más visible que en otros. En el laboral, por ejemplo, el fenómeno es particularmente evidente, pero en el ámbito civil también se manifiesta con claridad, especialmente en los reclamos por daños y perjuicios vinculados a siniestros viales y responsabilidad civil.
No se trata de negar que existan conflictos legítimos ni reclamos fundados. En toda actividad económica siempre habrá diferencias sobre montos, interpretaciones o responsabilidades, y eso forma parte del funcionamiento normal del sistema. El problema aparece cuando el proceso judicial deja de ser un mecanismo excepcional de resolución de conflictos y pasa a convertirse en un canal sistemático de rentabilidad.
“En muchos riesgos complejos, el PAS cumple un rol técnico relevante, colaborando en los procesos de suscripción, evaluación y selección de coberturas”
Cuando litigar no tiene costos reales para quien reclama, cuando los tiempos juegan a favor del conflicto, cuando los intereses y los honorarios multiplican artificialmente los montos, y cuando el resultado es altamente incierto, se genera un incentivo objetivo para judicializar incluso situaciones que podrían resolverse por otras vías.
En ese contexto, muchos reclamos se inician no porque exista una verdadera controversia, sino porque “algo se va a obtener”. Se consolida así un sistema que premia el conflicto, desalienta el acuerdo temprano y termina afectando la equidad entre las partes y la sustentabilidad del conjunto
¿Qué papel juega la confianza —o la falta de ella— entre los distintos poderes del Estado?
La Argentina atraviesa desde hace décadas un problema profundo de confianza institucional. No solo entre los ciudadanos y el Estado, sino también entre los propios organismos públicos. Muchas veces los distintos poderes funcionan de manera aislada, sin diálogo sistemático y sin una visión compartida sobre las consecuencias de sus decisiones.
El Poder Judicial no es ajeno a esta dinámica. En numerosos casos se advierte una desconfianza hacia los organismos técnicos de control, particularmente hacia la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuya función y capacidades no siempre son debidamente comprendidas o valoradas.
Esa falta de confianza se traduce en intervenciones judiciales que terminan superponiéndose con los mecanismos regulatorios existentes. En lugar de apoyarse en los sistemas de supervisión y solvencia, algunos tribunales optan por adoptar medidas precautorias que generan efectos colaterales muy dañinos para el funcionamiento del mercado.
Un ejemplo claro son los embargos preventivos sobre compañías que no son parte demandada, sino terceros citados en garantía. Allí se produce una confusión conceptual relevante: el asegurador garantiza el cumplimiento de la obligación de su asegurado, pero no se transforma por ello en el demandado principal.
“Se observa un fuerte componente paternalista en una parte significativa del sistema judicial”
Cuando se bloquean indiscriminadamente cuentas o activos, se afecta la capacidad de pago de otros siniestros, el cumplimiento de obligaciones laborales y la operatoria cotidiana. Es una decisión que, lejos de proteger derechos, termina perjudicando al conjunto del sistema.
Fortalecer el diálogo institucional, respetar los roles de cada organismo y reconstruir la confianza entre los poderes del Estado es una condición indispensable para recuperar previsibilidad y racionalidad en el funcionamiento del seguro.
¿El problema del seguro en la Argentina es que se lo sigue mirando como un negocio aislado y no como una pieza clave del sistema económico y de ahorro del país?
Sí, ese es uno de los problemas centrales. Durante mucho tiempo, el seguro fue analizado desde una mirada fragmentada, como si se tratara de una actividad aislada, desconectada del resto del sistema económico y financiero. Y en realidad ocurre exactamente lo contrario: el seguro es una de las principales formas de ahorro colectivo e institucional que tiene un país.
En las economías desarrolladas, el tamaño del mercado asegurador es un indicador directo de la profundidad del sistema financiero. Cuanto más sólido y previsible es el seguro, mayor es la capacidad de canalizar recursos hacia la inversión productiva, el crédito y el desarrollo de largo plazo.
En la Argentina, esa dimensión suele ser ignorada. A eso se suma una degradación preocupante en algunos ámbitos de interpretación de la ley, donde se pretende “crear derecho” al margen del marco normativo vigente, sin considerar los efectos económicos de esas decisiones.
“Queremos que los asegurados comprendan mejor el valor del seguro como herramienta de protección y de ahorro, y que puedan tomar decisiones informadas”
Por eso es fundamental reconstruir un diálogo técnico serio con el Poder Judicial y con el sistema educativo jurídico. Hay que explicar cómo funciona una compañía de seguros, cuál es el rol del órgano de control, cómo se forma el fondo de primas, a quién pertenece y bajo qué principios se administra.
Además, existe un problema de formación. El derecho de seguros suele enseñarse de manera marginal y descontextualizada, muchas veces sin una comprensión profunda de su lógica económica. Y luego son jueces civiles, no especializados, quienes terminan resolviendo conflictos complejos sin contar con esa base.
Cuando no se entiende que el fondo de primas es un ahorro colectivo destinado a proteger a millones de personas, se lo termina tratando como un recurso disponible para resolver problemas individuales. Y eso conduce, inevitablemente, a su depredación.
El seguro no es un pozo sin fondo. Es un sistema técnico que solo puede sostenerse con reglas claras, formación adecuada y una visión estratégica de largo plazo.
¿Cómo ve la participación del Productor Asesor de Seguros en este contexto?
El rol del Productor Asesor de Seguros es absolutamente central dentro del sistema. No es un intermediario meramente comercial, sino un profesional que cumple una función clave en la construcción de confianza entre el asegurado y la compañía.
Es quien explica con claridad los alcances del contrato, las coberturas, las exclusiones, las franquicias y los límites. Es quien acompaña al cliente antes, durante y después del siniestro. Y es, muchas veces, el primer canal de resolución de conflictos, evitando que situaciones que podrían resolverse de manera directa terminen judicializándose.
En un contexto de alta litigiosidad e incertidumbre, ese rol se vuelve todavía más relevante. Un productor bien formado, comprometido y profesional contribuye a que las expectativas de los asegurados sean realistas y estén alineadas con lo que efectivamente cubre la póliza.
Además, la relación entre el productor y su cliente se basa en el largo plazo. No se construye con una operación aislada, sino con trayectoria, presencia y responsabilidad. Eso genera un valor que ningún canal automático o despersonalizado puede reemplazar.
Desde esa perspectiva, el Productor Asesor no solo agrega valor al negocio, sino que fortalece la estabilidad del sistema en su conjunto.
¿Cómo evalúa la formación del Productor Asesor de Seguros?
La formación obligatoria brinda una base indispensable, un punto de partida necesario para ejercer la actividad. Pero, en un mercado cada vez más complejo, esa base por sí sola no alcanza. La verdadera diferencia la marca el compromiso personal con la capacitación permanente.
En el sector conviven realidades muy distintas. Hay profesionales que se conforman con el mínimo requerido y otros que invierten tiempo, recursos y esfuerzo en ampliar sistemáticamente sus conocimientos. Son estos últimos los que logran jerarquizar su función y aportar un valor diferencial al sistema.
Desde nuestro lugar como aseguradores, tenemos también una responsabilidad directa en este proceso. En el caso de nuestra compañía, trabajamos activamente para ofrecer herramientas, programas y espacios de formación continua, convencidos de que cuanto mayor es el nivel profesional del productor, mejor funciona toda la cadena.
En muchos riesgos complejos, el productor cumple además un rol técnico relevante, colaborando en los procesos de suscripción, evaluación y selección de coberturas. Allí su conocimiento no solo beneficia al cliente, sino que mejora la calidad del riesgo y fortalece la sustentabilidad del mercado.
Invertir en formación no es un costo: es una inversión estratégica para el presente y el futuro del seguro argentino.
¿Cuál es la agenda 2026 de ADEAA?
La agenda 2026 de ADEAA está enfocada en fortalecer los fundamentos del sistema asegurador y recuperar previsibilidad en un contexto que sigue siendo complejo. Una prioridad central es profundizar el diálogo institucional con los distintos poderes del Estado, especialmente con el Judicial y el Legislativo, para promover una comprensión más técnica del funcionamiento del seguro y contribuir a la construcción de reglas claras y estables.
Al mismo tiempo, vamos a seguir trabajando fuertemente en la formación y profesionalización del sector. Esto incluye tanto el acompañamiento al Productor Asesor como el desarrollo de capacidades técnicas en las propias compañías, convencidos de que un mercado más preparado es un mercado más sólido y más confiable.
Otro eje relevante es el fortalecimiento de la cultura aseguradora en la sociedad. Queremos que los asegurados comprendan mejor el valor del seguro como herramienta de protección y de ahorro, y que puedan tomar decisiones informadas. Un sistema más conocido y más valorado es también un sistema más sostenible.
Finalmente, vamos a impulsar la modernización del mercado, promoviendo la innovación, la mejora en los procesos y la adaptación a los nuevos riesgos, sin perder de vista los principios de solvencia y responsabilidad. El objetivo es consolidar un seguro profesional, previsible y conectado con el desarrollo económico del país.