Nuevamente, FAPASA llama a la atención del mercado ante una operatoria que, entendemos, no favorece a la imagen del sector, ni al resguardo del debido asesoramiento al cliente, y que se observa al filo de lo legal.
Nos preocupa que empresas financieras ajenas al seguro, sin autorización para operar como aseguradores ni como Productores Asesores de Seguros, ofrezcan coberturas.
Y como también hemos mencionado en anteriores oportunidades, la oferta digital de seguros, que tiene muchos beneficios para el desarrollo del sector, puede constituirse en un medio para enmascarar la venta ilegal de seguros.
Hemos detectado algunas ofertas de seguros de empresas cuyo objetivo comercial puede ser el otorgamiento de préstamos o el cobro de impuestos y servicios. Incluso, cuando dicen tener una ‘alianza’ con algún Broker de seguros, se verifica que el oferente no es el bróker que, supuestamente, participa del acuerdo.
Por ello, en cada caso, formulamos la correspondiente presentación ante el organismo de control para que, por lo menos, se investigue si tales empresas tienen autorización para vender o intermediar seguros.
Además, con ofertas tan agresivas, nos preguntamos si se da cumplimento, en los casos referidos, a la normativa que establece la obligatoriedad de operar con primas suficientes.
Más allá de ese aspecto legal, creemos que no cabe duda que determinados mecanismos de venta o de oferta de venta de seguros han perdido la relación adecuada con una actividad en la que no se trata de vender más barato sino de vender a prima suficiente.
La multiplicación de estos casos ya resulta preocupante en nuestra actividad, y sería deseable utilizar las malas experiencias derivadas de los seguros contratados como colaterales de créditos prendarios y/o hipotecarios, a fin de evitar situaciones semejantes.
Por lo expuesto, seguimos reclamando por una clara reglamentación de los ahora denominados “seguros digitales”, un debido control, evaluación y sanción de quienes incumplan las normas vigentes, y –como siempre- nos ponemos a disposición de las autoridades para colaborar en la tarea de fortalecer nuestro mercado e impedir operatorias que dañen el derecho de los asegurados, de los Productores Asesores de Seguros, y la imagen del sector.