La vicegobernadora Alicia Aluani, a cargo del Ejecutivo provincial, firmó el decreto que rechaza la ley sancionada por la Legislatura. Entre los diferentes fundamentos, se advirtió que el proyecto provincial generaba una superposición normativa al otorgar al nuevo colegio facultades que ya están delegadas por ley a la SSN, como la fiscalización, matriculación y sanción disciplinaria de los PAS.
El Gobierno de Entre Ríos decidió vetar de forma total el proyecto de ley que creaba el Colegio Público de Productores Asesores de Seguros de la provincia, aprobada por la Legislatura el pasado 18 de junio.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto N° 1472, firmado por la vicegobernadora Alicia Griselda Aluani, quien se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo en ese momento, y refrendado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.
Según el dictamen técnico-legal que sustentó el veto, el proyecto provincial generaba una superposición normativa al otorgar al nuevo colegio facultades que ya están delegadas por ley a la Superintendencia de Seguros de la Nación, como la fiscalización, matriculación y sanción disciplinaria de los PAS. Además, establecía la obligatoriedad de matricularse en el nuevo colegio para ejercer en Entre Ríos, aun cuando el profesional ya cuente con matrícula nacional vigente. Esa exigencia, advirtió el Ejecutivo, implicaría una doble matriculación, con mayor carga económica para los productores, lo que podría trasladarse a los costos del mercado asegurador y, en última instancia, a los asegurados.
Otro de los puntos cuestionados fue la posibilidad de que el nuevo ente fijara los valores mínimos y máximos de las comisiones entre productores y aseguradoras, cuando la legislación nacional establece que esos montos deben acordarse libremente, salvo excepciones justificadas por la autoridad de aplicación. “La creación de un régimen jurídico paralelo impone barreras injustificadas y podría afectar el principio de unidad de mercado”, advirtió el dictamen.
Desde el Ejecutivo también se cuestionó que el proyecto no estuviera acompañado por evidencia empírica, estudios económicos ni instancias de consulta con asociaciones del sector. “La norma se sancionó sin el análisis técnico y económico necesario para la creación de un nuevo colegio profesional con implicancias tan profundas”, señala el texto oficial.
Si bien el decreto aclara que no se pone en duda el derecho de los PAS a organizarse libremente -tal como lo hacen actualmente en asociaciones civiles-, subraya que imponer una afiliación compulsiva en un contexto de normativa nacional vigente resulta irrazonable desde el punto de vista constitucional.
El proyecto había comenzado su recorrido legislativo en 2021, con media sanción del Senado en 2022 y aprobación definitiva por parte de Diputados en 2025. Sin embargo, tras su análisis por parte de la Secretaría Legal y Técnica, el Ejecutivo consideró que la norma entraba en colisión con la Ley Nacional N° 22.400, que regula de manera integral la actividad de los Productores Asesores de Seguros a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación.